Objetivo General
Formar tecnólogos en promoción y defensoría social íntegros y competentes, orientados al aprendizaje permanente, con responsabilidad y calidad humana, conocedores del entorno económico, político y social, en los diversos ámbitos (municipal, estatal, nacional e internacionalmente) de influencia jurídica, con el propósito de atender problemas sociales tales como: inseguridad, injusticia, deterioro ambiental, problemas patrimoniales y familiares, violación a derechos humanos, los que derivan de la globalización y falta de profesionalización docente e investigadora a nivel superior.
Objetivo intelectual.
Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, con habilidad y responsabilidad para buscar, procesar y analizar información de diversas fuentes jurídicas y de otras disciplinas que permitan al estudiante, en formación, la generación y adquisición de nuevos saberes relativos a las distintas ramas de la disciplina jurídica.
Objetivo humano.
Propiciar el desarrollo de actitudes de respeto, prudencia, pertinencia, pertenencia e identidad que denoten la internalización de valores propios de la democracia, transparencia y rendición de cuentas, internacionalización, respeto por el medio ambiente, sostenible y humanismo que facilitan el crecimiento personal.
Objetivo social.
Contribuir al fortalecimiento de los valores y actitudes que permiten al estudiante relacionarse, convivir, trabajar en equipo, respetar la diversidad socio-natural de su entorno con apertura a los cambios, pero sin renunciar a su legado histórico; propiciando la sensibilización hacia problemas de seguridad, impartición de justicia, medio ambiente, entorno familiar y patrimonial, nuevas tecnologías, derechos humanos, entre otros.
Objetivo profesional.
Proporcionar al estudiante las experiencias educativas (lato sensu) que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la profesión de defensoría social, y que requerirá para su inserción en el campo laboral, para su desempeño en los ámbitos de las profesiones jurídicas como: procuración de justicia, abogacía, consultoría, impartición de justicia, función notarial y correduría, docencia e investigación administración pública, entre otras